El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para solicitar la revocación de la prisión domiciliaria otorgada a J.R., condenado por abuso sexual y corrupción de menores.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para solicitar la revocación de la prisión domiciliaria otorgada a J.R., el empresario condenado por un jurado popular por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. La presentación fue realizada por el fiscal jefe Mauricio Zabala, con el acompañamiento del fiscal del caso Manuel Islas, y solicita que se habilite la feria judicial para su tratamiento urgente.
El recurso cuestiona la resolución que tomó el Tribunal de Impugnación (T.I.) el pasado 15 de julio, que dejó sin efecto la prisión preventiva impuesta tras el veredicto de culpabilidad y la reemplazó por la prisión domiciliaria. Desde la fiscalía sostuvieron que esa decisión es «manifiestamente arbitraria», ya que «inobserva y aplica mal» la ley procesal, no valora el contexto del caso, avasalla el deber del Estado de brindar tutela judicial efectiva a la víctima y carece de perspectiva de género.
Los fiscales remarcaron que la prisión domiciliaria había resultado adecuada únicamente para garantizar la realización del juicio, pero señalaron que la situación cambió sustancialmente después del veredicto. «Un veredicto de culpabilidad dictado por unanimidad por un jurado popular luego del juicio por jurados… es un acontecimiento fáctico nuevo», argumentaron, y señalaron que esta nueva circunstancia «cambia la intensidad del riesgo de fuga de parte de J.R.», considerando que el delito atribuido prevé una pena mínima de 15 años de prisión efectiva.
Uno de los fundamentos que empleó el Tribunal de Impugnación para otorgar la prisión domiciliaria fue que, si el juicio pudo realizarse con esa medida, no se entendía por qué había dejado de ser idónea. Frente a eso, el MPF planteó que «el Código Procesal Penal en ningún artículo» exige argumentar por qué otras medidas de coerción menos gravosas no resultan idóneas al solicitar la prisión preventiva.
El pedido del MPF a la Sala Penal del TSJ incluye que se convoque a una audiencia de debate para tratar la admisión del recurso y, en caso de ser aceptado, que se anule la decisión del Tribunal de Impugnación y se restablezca la prisión preventiva. La presentación ocurre tras varios días de protestas vecinales con bocinazos y cacerolazos frente a la casa del hombre en un barrio privado de Plottier.
J.R. fue declarado culpable de forma unánime el 1 de julio por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos. Los hechos ocurrieron desde que la víctima era niña hasta su etapa adulta, principalmente en la vivienda donde convivieron hasta 2020, así como en oficinas de las empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión de transporte de mercadería. La calificación legal es abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haberlo cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente.