Donald Trump aplicará desde este viernes aranceles a sus socios comerciales por no endurecer los controles contra el trabajo forzoso. La medida abarca el 99,4% de las importaciones del país norteamericano.
En un movimiento estratégico que reconfigura una vez más el comercio global, la administración de Donald Trump pondrá en marcha este viernes una nueva batería de aranceles sobre las importaciones provenientes de 60 países, con alícuotas que irán del 10% al 12,5%. La medida entra en vigor de forma inmediata tras el vencimiento del esquema provisorio de gravámenes dictado a comienzos de año y alcanza a naciones que concentran nada menos que el 99,4% del total de las importaciones estadounidenses.
De acuerdo con un reporte publicado por Infobae, el detonante formal del paquete tarifario es el resultado de una serie de investigaciones encabezadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El organismo determinó el pasado 2 de junio que la falta de una prohibición efectiva contra el ingreso de productos confeccionados con trabajo esclavo o forzado en estos mercados constituye una práctica «no razonable» que perjudica el juego limpio comercial.
La nómina de economías castigadas abarca tanto a socios estratégicos como a mercados emergentes. Aquellas naciones que cuentan con prohibiciones parciales o compromisos en marcha contra la explotación laboral —entre las que figuran Argentina, México, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Reino Unido y Bangladesh— afrontarán un gravamen base del 10%. En el caso particular de India, la tasa se redujo del 12,5% inicial tras ajustes normativos de último momento.
En el escalón más alto, con tasas que oscilarán entre el 10% y el 12,5% (descontando aranceles previos), se ubican la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza. Un detalle no menor es la ausencia de China en la lista: el gigante asiático permanece bajo un régimen de sanciones directas y acuerdos bilaterales independientes.
A pesar del alcance masivo, la Casa Blanca contempló un puñado de sectores sensibles que quedarán al margen del castigo económico:
- Insumos clave: petróleo, gas y fertilizantes no pagarán la compensación arancelaria.
- Acuerdos vigentes: los bienes amparados bajo el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) mantendrán sus condiciones de exención.
Para esquivar el reciente límite impuesto por la Corte Suprema estadounidense —que restringió la facultad del Poder Ejecutivo para crear impuestos comerciales sin pasar por el Congreso—, el gobierno estadounidense apeló a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta herramienta habilita al presidente a fijar barreras unilaterales contra países señalados por políticas comerciales discriminatorias o injustificadas.
«Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo», afirmó Jamieson Greer, titular del USTR.
Si bien la Casa Blanca sostiene que la medida busca proteger el empleo estadounidense y balancear la balanza comercial, en la práctica el impacto financiero primario recaerá sobre las empresas importadoras radicadas en EE.UU., que habitualmente trasladan este costo extra al consumidor final vía inflación de precios.
Paralelamente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que más de 27,6 millones de personas sufren trabajo forzoso a nivel global. Diversos especialistas señalan que la efectividad del arancel como mecanismo de presión dependerá de que Washington otorgue plazos y asistencia técnica a las economías en desarrollo para que puedan adecuar sus sistemas de control aduanero.