Fiscales de Magallanes y Río Gallegos detallaron el funcionamiento de bandas que operan en ambos lados de la frontera, con contrabando, lavado de activos y uso de rutas marítimas.
Las fiscalías de Argentina y Chile alertaron sobre el crecimiento de estructuras criminales que operan en la Patagonia, en una jornada temática de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile, realizada en Punta Arenas. Participaron el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate.
Según los fiscales, las bandas trasladan mercadería, dinero y otros recursos a través de la frontera con facilidad, aprovechando sectores sin barreras naturales. Se mencionó el traslado de cigarrillos de contrabando, drogas y armas.
Zárate señaló que algunas organizaciones adquieren establecimientos rurales para disponer de puntos estratégicos para cruces hacia Chile. La logística incluye camiones de carga escoltados, comunicación satelital y billeteras virtuales para mover dinero. El objetivo final es incorporar ganancias ilegales al circuito económico mediante lavado de activos.
Durante 2025, en Magallanes se secuestraron más de 600.000 cajetillas de cigarrillos y más de 120 vehículos vinculados a investigaciones por narcotráfico y contrabando. En un operativo en Bahía Azul, Tierra del Fuego, se incautaron 56.000 cajetillas en una embarcación.
Zárate afirmó: “La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado”. Reclamó mecanismos para acelerar el intercambio de información entre ambos países.
Las autoridades también advirtieron sobre el aumento de delitos relacionados con la Ley de Armas, que crecieron más de un 200% entre 2023 y 2026. La población penal en Magallanes es de aproximadamente 625 personas.
Desde la autoridad marítima chilena indicaron que no se detectaron organizaciones dedicadas al traslado de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales por rutas marítimas. El tránsito de embarcaciones por el estrecho de Magallanes aumentó en los últimos años.
El planteo central fue que el crimen organizado en el extremo sur requiere una respuesta conjunta de Argentina y Chile, dado que las organizaciones operan con lógica transfronteriza.