Un hombre condenado a cinco años de prisión enfrenta un juicio oral en Trelew por presentar documentación presuntamente falsa para obtener una reducción de su condena mediante el estímulo educativo.
Un hombre que cumple una condena de cinco años de prisión comenzó a ser juzgado en Trelew, acusado de haber utilizado documentación presuntamente falsa para acceder a una reducción de pena a través del estímulo educativo.
El juicio oral se desarrolla en la sala de la Oficina Judicial, ubicada en el tercer piso de los Tribunales de Trelew. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Aldo Nizetich, quien sostiene que el imputado J.C.M. habría intentado obtener una reducción de 16 meses de su condena mediante certificados cuya autenticidad fue posteriormente cuestionada.
Presentó diplomas y cursos para pedir una reducción de pena
Según la acusación, el 24 de abril de 2024 se inició una audiencia de cómputo de pena dentro de un incidente de ejecución, con intervención del juez de Ejecución Gustavo Castro. En ese contexto, J.C.M., que se encontraba presente como condenado, buscó que el tiempo de cumplimiento de su pena fuera reducido mediante el beneficio previsto por el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal 24.660.
Para fundamentar el pedido fueron presentadas distintas certificaciones a su nombre. Entre ellas figuraban diplomaturas en Educación Física, Deporte y Recreación y en Gestión y Organización de Eventos, ambas de 630 horas. También se incorporaron certificados correspondientes a un curso de Instalador Electricista Habilitado Categoría III, de 160 horas, y otro de Mecánica Básica del Automotor, que aparecían como expedidos por la Universidad Nacional de Córdoba.
A esto se sumaron certificados de cursos vinculados con la prevención del embarazo en la adolescencia, la prevención del suicidio adolescente y la prevención de la obesidad en niños, niñas y adolescentes, atribuidos a la Sociedad Argentina de Pediatría.
Para la Fiscalía, la documentación no era auténtica y el acusado conocía esa circunstancia cuando fue presentada ante la Justicia. La hipótesis fiscal sostiene que el objetivo era utilizar esos certificados como respaldo de actividades educativas y obtener así una reducción de 16 meses sobre una condena que ya se encontraba firme.
La defensa cuestionó la acusación, pero el planteo fue rechazado
En el marco del proceso, la defensa intentó cuestionar la calificación legal elegida por la Fiscalía. Sin embargo, la jueza Mirta Moreno consideró que el planteo había sido formulado de manera extemporánea. La magistrada coincidió con el fiscal general en que la cuestión debió ser planteada durante la audiencia preliminar de elevación a juicio, instancia en la que la defensa no había efectuado observaciones respecto de la calificación. De esta manera, el debate continúa bajo la acusación de uso de documento público falso en carácter de autor, delito contemplado en los artículos 296 y 45 del Código Penal.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad a J.C.M. y también hace referencia a las actuaciones iniciadas el 27 de marzo de 2024, cuando su defensor particular, Martín Castro, presentó ante la Oficina Judicial un escrito relacionado con el cómputo de la condena.
El acusado había recibido una pena de cinco años de prisión en una sentencia dictada en noviembre de 2022, que posteriormente quedó firme. En caso de una sentencia condenatoria, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará una pena de hasta seis años de prisión y la declaración de reincidencia.