La aerolínea de bajo costo dejó sin personal ni cartelería su puesto en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón. La empresa enfrenta embargos, deudas y pedidos de quiebra a nivel nacional.
La aerolínea Flybondi desmanteló su puesto de atención en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén. Hace más de diez días, el espacio utilizado para check-in y consultas permanece vacío, sin empleados, sin cartelería y sin elementos identificatorios de la compañía.
Según informó el sitio local Mejor Informado, desde la administración aeroportuaria indicaron que la empresa no comunicó formalmente su retiro ni inició el trámite para finalizar el convenio por el uso del espacio. En los últimos días no se registraron reclamos, lo que sugiere que no hubo nuevas ventas de pasajes desde esa ciudad.
Ex trabajadores de la oficina neuquina manifestaron que la operación quedó reducida a uno o dos vuelos cada dos semanas, y que las oficinas permanecen abiertas sin actividad comercial relevante. Radio Universidad CALF reportó 13 despidos vinculados al cierre de la atención al cliente en el aeropuerto. Trabajadores del área de tráfico aéreo denunciaron desvinculaciones y solicitaron la intervención de la Secretaría de Trabajo provincial. Empleados despedidos afirmaron que la compañía adeuda salarios y que no recibieron explicaciones sobre los motivos de las medidas.
A nivel nacional, la empresa registró en agosto de 2026 una cancelación del 80,5% de sus vuelos, según un relevamiento privado. En lo que va del año, las cancelaciones superan el 22%. La flota activa pasó de un promedio de 19 aviones por día en enero a tres en las últimas semanas. Su participación en el mercado de cabotaje cayó del 21,7% en 2024 al 13,3% en 2026, mientras que su principal competidora low cost aumentó del 12,9% al 24,2%.
La Justicia porteña ordenó el embargo de las cuentas de la aerolínea a pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama más de 1.400 millones de pesos por deudas tributarias. Proveedores presentaron pedidos de quiebra por servicios impagos. Provincias como Río Negro, Neuquén y Buenos Aires aplicaron multas por aproximadamente 630 millones de pesos.
Más de 700 ex empleados denuncian el impago de indemnizaciones por despidos sin causa y de acuerdos de retiro voluntario homologados ante el SECLO o firmados ante escribano. El personal activo reclama salarios adeudados y la cobertura de obra social, que fue suspendida el 6 de agosto. La compañía, adquirida en 2025 por el empresario Leonardo Scatturice, enfrenta además una disputa entre sus grupos inversores: COC Global reclamó públicamente a Cartesian Capital Group medidas para encauzar la operación. También circulan versiones sobre un eventual viraje del negocio hacia el transporte de cargas.
