La Justicia de Esquel formalizó la investigación contra cinco personas por un ataque ocurrido el 19 de agosto, en el que un hombre recibió tres puñaladas en el tórax. Tres adultos fueron enviados a prisión preventiva, un menor al COSE y una mujer deberá presentarse semanalmente.
La Justicia de Esquel formalizó la investigación contra cinco personas acusadas de participar en un ataque ocurrido el pasado 19 de agosto, en el que un hombre recibió tres puñaladas en el tórax y permaneció internado en terapia intensiva hasta el 26 de agosto. El caso fue encuadrado provisoriamente como tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Durante la audiencia de formalización, el juez interviniente habilitó la investigación y estableció distintas medidas de coerción. Tres adultos quedaron bajo prisión preventiva por seis meses y deberán permanecer alojados en dependencias policiales. Para un menor de edad, señalado por la Fiscalía como quien habría provocado las heridas con arma blanca, se dispuso un período de tres meses de alojamiento en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE). Una mujer imputada deberá presentarse semanalmente ante la Justicia durante seis meses.
Según la reconstrucción expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el episodio comenzó durante la tarde del 19 de agosto, cuando la víctima caminaba junto a integrantes de su familia en un sector cercano al centro de Esquel. En ese contexto, habría sido interceptada por un hombre y una mujer que, según la hipótesis acusatoria, lo amenazaron y luego se comunicaron con otros integrantes del grupo para informar dónde se encontraba.
La Fiscalía sostiene que, poco después, dos personas llegaron hasta el domicilio del hombre y efectuaron disparos de arma de fuego. La finalidad habría sido obligarlo a abandonar la vivienda. La víctima salió del lugar y comenzó a seguir a quienes habían realizado los disparos, hasta llegar a un sector en el que, según la acusación, se encontraban ocultos otros integrantes del grupo.
En ese punto se habría producido el ataque. La acusación sostiene que el hombre fue golpeado y atacado con un arma blanca, recibiendo tres puñaladas en el tórax. La Fiscalía atribuyó esas heridas a un adolescente imputado en la causa, cuya situación fue analizada de manera diferenciada debido a su edad.
Luego de la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Esquel. Los médicos constataron lesiones que comprometían sus pulmones, con acumulación de sangre y aire, por lo que permaneció internada en estado crítico. Continuó en terapia intensiva hasta el 26 de agosto, cuando registró una evolución favorable.
La gravedad del cuadro médico fue uno de los elementos considerados por la Fiscalía al solicitar las medidas de coerción. También se tuvieron en cuenta las características de la secuencia investigada y la posibilidad de que existan personas que puedan aportar información pero que tengan temor de declarar.
La Defensa Pública cuestionó distintos aspectos de la hipótesis presentada por la Fiscalía y planteó que entre las familias involucradas existirían conflictos y enfrentamientos anteriores. Los defensores señalaron que, en relación con algunos imputados, no habría elementos suficientes para establecer de manera individual su participación concreta en el ataque.
Uno de los acusados habría señalado que al momento de los hechos se encontraba al cuidado de sus hijos. La defensa también sostuvo que no existían elementos suficientes para considerar riesgo de fuga y destacó que uno de los jóvenes involucrados se habría presentado voluntariamente ante las autoridades.
En relación con el menor acusado de provocar las heridas, la defensa solicitó que no se dispusiera una medida de privación de libertad, fundamentándose en el carácter excepcional de este tipo de medidas dentro del régimen aplicable a adolescentes y en la necesidad de considerar alternativas al alojamiento en un centro especializado.
Después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y las defensas, el juez resolvió las medidas. Para tres adultos dispuso seis meses de prisión preventiva; el menor deberá permanecer tres meses en el COSE; y la mujer imputada quedó sujeta a presentaciones semanales durante seis meses.
El magistrado fundamentó las medidas de mayor intensidad en la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga, relacionada con la gravedad de la pena que eventualmente podría corresponder, y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, considerando especialmente la situación de vecinos que podrían convertirse en testigos y que habrían manifestado temor a declarar.
La investigación continuará durante la etapa preparatoria. La Fiscalía deberá avanzar con nuevas medidas destinadas a establecer cómo se desarrolló la secuencia y qué responsabilidad tuvo cada imputado. El análisis de las cámaras de seguridad existentes en distintos sectores será uno de los elementos de especial importancia, ya que podría permitir reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.