El abogado de Patagonia Argentina, José María Ferreyra de las Casas, envió una nota al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia en la que solicita que no se apruebe el convenio que extiende hasta abril de 2028 la incorporación de 26 colectivos. Sostiene que la modificación podría generar perjuicios de entre $3.120 y $5.720 millones para su representada y anticipa demandas contra quienes avalen el cambio.
El abogado de la empresa Patagonia Argentina, José María Ferreyra de las Casas, envió una nota al viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, en la que solicita a los concejales que no aprueben el convenio firmado entre el municipio y Grupo MR el pasado 26 de septiembre.
El convenio, que aún no fue tratado por el Concejo, extiende hasta el 30 de abril de 2028 el plazo para incorporar las 26 unidades faltantes para completar las 121 previstas en el pliego de licitación del transporte público de pasajeros. El Ejecutivo Municipal argumentó que no puede afrontar los costos que significaría hoy extender la cantidad de kilómetros recorridos por mes.
Según el planteo de Ferreyra de las Casas, «el alivio que la concedente le regala a Grupo le significa a Patagonia una erogación no prevista de entre 3.120 y 5.720 millones de pesos». El abogado reclama que se cumpla el plazo previsto para poner en marcha el servicio con la totalidad de las 121 unidades contempladas en el pliego de licitación, lo que a su vez exige cumplir con la incorporación del personal que todavía está bajo responsabilidad de la anterior prestataria.
En la nota, Ferreyra de las Casas aclara que su propósito es realizar «una colaboración informativa sobre los daños que seguramente sobrevendrán y que es del interés de todos evitar». Asimismo, anticipa que, como contribuyente del municipio y como abogado de la transportista, planteará una demanda penal y patrimonial contra quienes avalen los cambios al contrato de concesión.
El letrado advierte además que si se ratifica la modificación del contrato, el personal no será absorbido en el plazo establecido por el pliego —que era de 90 días— «y ello generará daños que los dependientes y Patagonia podrán reclamar, tanto a la Municipalidad como a Grupo (MR) como así también a todos los funcionarios que autorizaron esta situación».
Junto con ello, recuerda que los funcionarios que avalen la prórroga deberán responder con su patrimonio, en forma solidaria, ante los daños que se reclamen al municipio, según el artículo 69 de la Constitución Provincial.
Ferreyra de las Casas mantiene una demanda para que se declare nula la licitación y el resultado que adjudicó el servicio a la firma contra la que compitió, planteando también en ese caso, si la justicia le da la razón, una demanda por daños y perjuicios presuntamente derivados del proceso licitatorio.