La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda colectiva en la Justicia Federal de Río Grande por la extracción de más de 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros entre 1989 y 2025. La presentación se hizo ante el mismo juzgado que recientemente ordenó frenar los trabajos en el proyecto petrolero ‘Sea Lion’.
Una demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego reclama una indemnización de hasta US$ 26.464 millones por la explotación pesquera que la parte demandante considera ilegal en torno a las Islas Malvinas. La acción apunta no solo contra armadores y empresas pesqueras, sino también contra bancos, astilleros y aseguradoras a los que atribuye participación en el financiamiento y el sostenimiento de esas operaciones.
La presentación fue realizada por la Fundación Agustina Lerena ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel E. Borruto, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat. Según la entidad, el reclamo comprende capturas realizadas entre 1989 y 2025 y busca obtener una reparación económica, además de la recomposición del daño ambiental colectivo.
El planteo judicial se conoce en medio del endurecimiento de la posición argentina sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei impulsó medidas diplomáticas, administrativas y judiciales contra el proyecto petrolero Sea Lion, que las compañías Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel, proyectan desarrollar al norte de las islas.
Cuánto dinero reclama la demanda por la pesca en Malvinas
El cálculo presentado por la Fundación Agustina Lerena parte de un volumen de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros que, según sostiene, fueron extraídos sin autorización argentina durante 37 años.
La valuación de esas capturas arroja dos montos posibles, según el criterio comercial utilizado. Desde un mínimo de 12.351 millones de dólares, si se toma como referencia el valor FOB de los productos. Hasta un máximo de 26.464 millones de dólares, si se calcula sobre precios mayoristas.
A esas cifras, la demanda solicita sumar actualizaciones, costas judiciales y distintos conceptos tributarios que, de acuerdo con la presentación, no se habrían ingresado al Estado argentino. Entre ellos figuran derechos de captura, derechos de exportación, IVA, Impuesto a las Ganancias, tasas de inspección y derechos aduaneros. El reclamo incluye la reparación del daño ambiental en sus dimensiones material, moral y punitiva. También pide medidas cautelares sin audiencia previa de las partes demandadas.
Los montos corresponden a la estimación formulada por la fundación que preside el Dr. César Lerena, quien también dirige el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
Qué empresas y entidades quedaron alcanzadas por la demanda
La demanda identifica distintos eslabones de la actividad pesquera y de su estructura financiera y logística. En el sector pesquero internacional, señala a 12 empresas de bandera española y siete sociedades mixtas constituidas entre armadores españoles y empresarios vinculados a las islas, que operan bajo la denominación de bandera ‘Falklands’.
En el sistema financiero y de servicios navales, la presentación alcanza a cuatro bancos españoles, tres astilleros y tres compañías aseguradoras, además de sus directivos y responsables. El reclamo también comprende a empresas argentinas. Según la fundación, involucra a tres pesqueras nacionales vinculadas con firmas que operan en Malvinas y a otras ocho agrupadas en la Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca (ACEMIX).
Para las firmas nacionales, la entidad solicita que se apliquen las sanciones previstas en la legislación pesquera, incluida la caducidad de buques y la pérdida de habilitaciones. Como fundamento, invoca el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922, incorporado mediante la Ley 26.386. La fundación anticipó, además, que evalúa presentar una segunda demanda contra empresas pesqueras de Corea del Sur, Taiwán y Vanuatu. También pretende extender sus acciones a proveedores de combustible, transporte y servicios marítimos de Argentina, Uruguay y Chile.
Por qué considera ilegal la actividad pesquera
El argumento central de la presentación es que las capturas comerciales en el espacio marítimo argentino requieren autorización de la autoridad nacional competente y que las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas en torno a las islas no reemplazan ese requisito.
La entidad sostiene que la actividad pesquera desarrollada en la zona vulnera la normativa argentina y los derechos de soberanía que el país reclama sobre las islas y sus espacios marítimos. Entre los antecedentes jurídicos invocados aparecen las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, incluida la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso de negociación sobre la disputa de soberanía.
La demanda también incorpora estudios del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Según la interpretación de la parte actora, esos trabajos permiten sostener que los recursos capturados alrededor de las islas forman parte de poblaciones marinas que también transitan por la Zona Económica Exclusiva Argentina. A partir de ese argumento, la fundación plantea que la extracción afecta tanto la conservación de las especies como la actividad económica y el desarrollo de la industria pesquera nacional.
La presentación busca que el perjuicio no se limite al valor comercial de los productos extraídos. También pretende que se reconozcan los efectos sobre el ambiente marino, la disponibilidad de recursos y la actividad económica que podría desarrollarse en el litoral argentino.