El Ejecutivo nacional propuso refinanciar y reducir las contribuciones patronales que las universidades ingresan al Estado, en el marco de las negociaciones por el financiamiento universitario. La medida se combina con una mejora en las partidas del Presupuesto 2027.
El Ejecutivo nacional puso sobre la mesa de discusión una herramienta fiscal: la refinanciación y reducción de las contribuciones patronales que las casas de altos estudios deben ingresar al Estado. Con esta propuesta, el Gobierno busca acortar la brecha financiera con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) combinando un alivio en las obligaciones previsionales administradas por la ARCA con una mejora en las partidas proyectadas para el Presupuesto 2027.
La estrategia oficial intenta compensar por vía tributaria lo que no prevé desembolsar mediante giros directos. Las casas de altos estudios reclaman un piso presupuestario cercano a los $11 billones, mientras que en la Casa Rosada admiten margen para subir el presupuesto enviado al Congreso, pero descartan llegar a esa cifra.
Aminorar el impacto de las cargas sociales que pagan las universidades por sus docentes, no docentes y autoridades se convirtió en la vía elegida por los técnicos oficiales para acercar posiciones sin desequilibrar las cuentas públicas.
La convergencia y la presión presupuestaria
El origen de este frente fiscal se remonta a 2010, cuando el Decreto 1571 estableció una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial (8,67% para el SIPA y 1,5% para el PAMI) para las universidades con deudas previsionales acumuladas. La actualización fijada por el Decreto 645/2023 amortiguó el salto al fijar un esquema progresivo de convergencia —que eleva la carga al 13,65% en 2026 y al 14,52% en 2027, hasta alcanzar la pauta general del sector público en 2031—, pero la inminente finalización de los planes de pago encendió las alarmas en el sector educativo.
En instituciones de gran escala como la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde cerca del 90% de los recursos se destina al pago de salarios y solo un 10% a gastos de funcionamiento, cualquier incremento porcentual en la masa salarial socava el presupuesto operativo.
Por el momento, los contactos entre el Ejecutivo y las autoridades académicas avanzan por canales informales. Desde el rectorado de la UBA y el CIN remarcan que no existe un acuerdo cerrado y que el impacto de cualquier modificación dependerá de la alícuota definitiva que proponga la administración nacional y del instrumento normativo con el que decida implementarla.
A este entramado fiscal se suma la urgencia política de desactivar el frente judicial. La presión sobre la Jefatura de Gabinete escaló tras la decisión del juez Martín Cormick de imponer sanciones económicas diarias al Gabinete por el incumplimiento de la cautelar que exige la actualización de salarios y becas.
Frente a este escenario, la estrategia de la Casa Rosada busca cerrar un acuerdo integral que resuelva en simultáneo el Presupuesto, el tratamiento de las obligaciones ante ARCA y el reemplazo de la Ley de Financiamiento Universitario por un nuevo esquema consensuado en el Congreso.
Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR