La Secretaría de Obras Públicas autorizó por la resolución 274/2026 una licitación pública nacional para contratar los servicios de inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa de los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, con un presupuesto oficial de $39.624.345.857,96.
La Secretaría de Obras Públicas autorizó por la resolución 274/2026 una licitación pública nacional para contratar los servicios de inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa de los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, con un presupuesto oficial de $39.624.345.857,96.
El Gobierno nacional dio un paso administrativo más para sostener el proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz. Por la resolución 274/2026, publicada este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial, la Secretaría de Obras Públicas autorizó el llamado a una Licitación Pública Nacional para contratar una consultora que tendrá a su cargo la inspección técnica, ambiental, contractual y administrativa de los trabajos. El presupuesto oficial del servicio es de $39.624.345.857,96.
El alcance está delimitado en el texto: la contratación comprende los aprovechamientos hidroeléctricos La Barrancosa y la línea de extra alta tensión (LEAT) que vincula a las obras con el sistema. El servicio se extenderá hasta la recepción definitiva de la obra —es decir, hasta el cierre formal completo del proyecto— y no contempla el otorgamiento de un anticipo financiero: la consultora deberá financiar el arranque de sus tareas y cobrar contra certificaciones.
Qué significa en la práctica. En una obra pública, el comitente es el Estado que encarga y paga el trabajo, y el contratista es la empresa o unión de empresas que lo ejecuta. Para controlar a ese contratista, el comitente contrata a un tercero especializado: esa es la tarea de inspección. La consultora que resulte adjudicataria deberá verificar que la ejecución cumpla las especificaciones técnicas del proyecto, las obligaciones ambientales, los términos del contrato y los procedimientos administrativos. Sin ese esquema de supervisión, el Estado no tiene forma de certificar avances, aprobar cambios o aplicar sanciones si el ritmo de obra se aparta de lo previsto.
El cambio previo: ENARSA dejó de ser el comitente
La licitación no se entiende sin el paso anterior. En abril de este año, mediante el decreto 238/2026, el Gobierno nacional oficializó la salida de Energía Argentina S.A. (ENARSA) como comitente de las represas y trasladó esa responsabilidad a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Ese organismo quedó a cargo de las funciones, derechos y obligaciones emergentes de los contratos y sus adendas, además de las actuaciones administrativas necesarias para llevar adelante el proyecto. El decreto también instruyó a la Secretaría de Energía y a la empresa estatal a garantizar una transición ordenada, en el marco del proceso de privatización de ENARSA. Según la resolución publicada este viernes, fue la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas la que planteó la necesidad de contar con asistencia técnica para asegurar el control durante la ejecución.
El procedimiento elegido es una licitación de etapa múltiple bajo el sistema de ajuste alzado, es decir un precio cerrado por el servicio completo y no sujeto a renegociación por mayores costos. La convocatoria deberá permanecer publicada durante 15 días en el Boletín Oficial, con una anticipación de 20 días, de acuerdo con la normativa vigente.
Un paso administrativo que no equivale al reinicio de la obra
La propia resolución y la lectura del expediente marcan el límite: la medida no implica por sí misma el reinicio de las tareas de construcción ni constituye una adjudicación de nuevos trabajos a la UTE contratista. Lo que hace es poner en marcha el procedimiento para conformar el esquema de inspección y control que deberá acompañar la ejecución cuando esta se retome. El antecedente inmediato es el acuerdo firmado este año entre ENARSA y la Unión Transitoria de Empresas integrada por Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo, que estableció las condiciones para planificar el regreso de los trabajos.
Para dimensionar lo que está en juego hay que mirar la obra. El complejo hidroeléctrico del río Santa Cruz está integrado por las represas Jorge Cepernic —conocida como La Barrancosa, cerca de Comandante Luis Piedra Buena— y Néstor Kirchner, la ex Cóndor Cliff. Los trabajos quedaron paralizados en diciembre de 2023 y, desde entonces, la actividad se limitó a tareas de mantenimiento y guardia. La reactivación se apoya en el financiamiento internacional del proyecto y en un esquema que, según informó el Gobierno provincial este año, tiene a La Barrancosa con un avance cercano al 50%, uno de los frentes más adelantados del complejo.
Empleo, control ambiental y la cuenta que paga la Nación
El impacto laboral de la obra es la variable que sigue con más atención la provincia. Cuando se anunció la reactivación, la UOCRA estimó que solo la represa Cepernic podría incorporar entre 900 y 1.000 obreros en una primera etapa, y que con los servicios asociados —comida, limpieza y tareas internas y externas— el total podría llegar a 2.000 trabajadores, en un contexto de alrededor de 3.000 trabajadores de la construcción en bolsas de trabajo del sur santacruceño. A eso se suma el cumplimiento de la ley provincial 90/10, que reserva la mayoría de los puestos para residentes.
El contrato de inspección agrega un capítulo menos visible pero decisivo: el control ambiental. Las represas se construyen sobre una cuenca que abastece de agua a varias localidades y cuyo manejo de crecientes es una preocupación histórica. Que el Estado contrate una consultora para auditar el cumplimiento ambiental y técnico define qué información va a tener disponible para autorizar avances y para exigir correcciones. El presupuesto oficial del servicio, cercano a $39.624 millones, se explica en esa escala: no se está contratando una asistencia de escritorio sino un equipo que deberá seguir la obra hasta su recepción definitiva.
Qué mirar en las próximas semanas
La secuencia administrativa tiene fechas concretas: la convocatoria debe publicarse 15 días en el Boletín Oficial con 20 días de anticipación, después llegan las ofertas de las consultoras, la evaluación de antecedentes técnicos y la adjudicación. Si esa secuencia avanza en paralelo con la reorganización de la UTE y con las definiciones de financiamiento, el proyecto tendrá por primera vez desde 2023 un esquema de control formalmente constituido. Si, en cambio, el llamado queda sin adjudicar, será una señal de que la decisión política de retomar la obra sigue sin respaldo administrativo.
Para Santa Cruz y para las localidades del sur provincial, el dato central es que la obra que generaría miles de puestos de trabajo y energía para una parte importante del país sigue esperando definiciones que no dependen de ellas. Para el sector energético, la pregunta de fondo es la misma que atraviesa a las hidroeléctricas desde que vencieron las concesiones: quién ejecuta, quién controla y quién captura la renta de un recurso que las provincias consideran propio.
Nota en base a La Opinión Austral, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.