Mediante el Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, la Ruta Nacional 237 fue incluida en la Red Federal de Concesiones. El esquema prevé la participación de empresas privadas en la administración y mantenimiento, con posibilidad de peajes. La medida también alcanza a otras rutas nacionales en varias provincias, entre ellas Chubut.
El Gobierno nacional incorporó la Ruta Nacional 237 al programa Red Federal de Concesiones mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. La medida establece un marco para que empresas privadas asuman la explotación, administración, conservación, mantenimiento y rehabilitación de sectores de la red vial.
El decreto alcanza a las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además del acceso A0017, distribuidas en distintas regiones del país. Entre las provincias incluidas se encuentran Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.
La incorporación de las vías al programa no implica la existencia de una empresa adjudicataria ni el cobro inmediato de peajes. El decreto establece el marco para avanzar con estudios, definición de tramos y posteriores llamados a licitación. Los futuros contratos podrán contemplar sistemas de cobro de peajes y obligaciones de prestación de servicios, reparación y mejoramiento de los corredores adjudicados.
La puesta en marcha estará a cargo del Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Transporte, que deberá elaborar los pliegos, definir condiciones de contratación, convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales, evaluar propuestas y adjudicar contratos. El decreto fija un plazo máximo de 12 meses para iniciar los llamados a licitación.
La Dirección Nacional de Vialidad continuará como autoridad de aplicación, con responsabilidades de supervisión y control sobre las obligaciones de las empresas privadas. El modelo combina la participación de operadores privados en la ejecución y administración de tareas con controles estatales sobre el cumplimiento de los contratos.
En el caso de Chubut, la medida alcanza a las rutas nacionales que atraviesan la provincia, aunque resta conocer los tramos específicos que integrarán el futuro proceso licitatorio, los lugares donde podrían instalarse estaciones de peaje y las tarifas que afrontarían los usuarios. Estos aspectos deberán surgir de los informes técnicos previstos en el decreto.
El Gobierno nacional sostiene que la participación privada permitirá mejorar la infraestructura vial, reducir costos logísticos y garantizar tareas de mantenimiento mediante contratos de concesión. La medida forma parte de un proceso de reorganización de la red vial nacional que busca extender la participación privada a miles de kilómetros de rutas argentinas.