El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.
Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.
En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de derechos humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
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El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.
El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretada como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez, según informó la agencia Noticias Argentinas.
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La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no en la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni en la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.
Cuestionamiento a las “tareas de inteligencia”
El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.
Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.
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En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuanto a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad), que requieren una protección especial.
Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.
De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.
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La reacción de Bullrich: «Festejan los que viven del caos y la extorsión”
La exministra y actual senadora cuestionó el fallo del magistrado. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, afirmó en su cuenta de X.
Luego, agregó: “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.
Por último, señaló: “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.