La fiscal Florencia Gómez defendió la investigación y las pruebas científicas que sustentan la condena contra un productor por la destrucción de una zona de nidificación en 2021. La audiencia de impugnación será el 21 de abril.
La fiscal Florencia Gómez se mostró confiada en que el Superior Tribunal de Justicia ratificará la condena contra el productor Ricardo La Regina por la destrucción de una zona de nidificación de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo en 2021. La audiencia de impugnación extraordinaria, última instancia judicial del proceso, se realizará el próximo 21 de abril.
Según explicó la fiscal, el hecho ocurrió cuando el imputado arrasó con una topadora el área, provocando la muerte de más de 200 pingüinos, además de destruir nidos y pichones. «Fue un impacto socioambiental impresionante, en muchos sectores irrecuperable», sostuvo. Remarcó que se trata del primer caso en el país con condena por daño ambiental y crueldad animal, considerado como un «ecocidio».
Gómez detalló que la investigación demandó años de trabajo y una fuerte base científica. Para sostener la acusación, se convocó a 92 testigos y especialistas, además de instituciones como el CONICET, el CENPAT, la CONAE y National Geographic. Uno de los elementos clave fueron las imágenes satelitales, que permitieron determinar con precisión cuándo ocurrió el daño. «Con esas imágenes pudimos acreditar días y horas en los que se destruyó la colonia, en plena época reproductiva», explicó. El mayor impacto se produjo entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, período crítico del ciclo biológico de la especie.
La fiscal también rechazó los argumentos de la defensa, que cuestiona la falta de cuerpos como prueba material. Sostuvo que la evidencia técnica y los estudios realizados demostraron que la intervención fue humana y no natural. «Se removió el suelo, se compactó y se levantaron hasta 60 centímetros de la capa superficial», indicó.
En relación al estado actual del área afectada, Gómez señaló que existen sectores que no podrán recuperarse, mientras que otros podrían recomponerse con el tiempo. No obstante, destacó que el caso generó efectos positivos, como la ampliación del área protegida de Punta Tombo y la creación de una unidad fiscal especializada en derecho ambiental en Chubut.
Finalmente, recordó que la condena dictada fue de tres años de ejecución condicional, aunque ella había solicitado cinco años de prisión efectiva. «Más allá de la pena, lo importante es el precedente: este fallo puede sentar doctrina en toda Latinoamérica en materia de protección ambiental y de fauna silvestre», concluyó.