La iniciativa busca aval legislativo para pagar acuerdos con fondos acreedores y frenar litigios internacionales que involucran a la Argentina.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago de acuerdos con fondos que mantienen litigios contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La propuesta apunta a obtener aval legislativo para cerrar juicios en tribunales internacionales, donde varios acreedores ya cuentan con sentencias firmes a su favor.
Entre los principales casos se encuentran los reclamos del fondo Bainbridge Fund y del grupo liderado por Attestor. Según el mensaje enviado al Parlamento, Bainbridge reclama cerca de 96 millones de dólares más intereses, mientras que Attestor acumula fallos favorables por más de 465 millones de dólares. El proyecto contempla pagos por 67 millones de dólares para Bainbridge y 104 millones para el grupo de acreedores, lo que implicaría una quita superior al 30% respecto de los montos originales.
Desde el Gobierno sostienen que estos acuerdos permitirían reducir el costo total del litigio y evitar que continúen acumulándose intereses bajo legislación extranjera. Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que, una vez concretados los pagos, se pondría fin a las acciones legales contra el país. Esto incluye intentos de embargo sobre activos estatales en el exterior, un riesgo que se mantuvo vigente en los últimos años.
El texto advierte que los acreedores avanzaron en distintos procesos para identificar bienes argentinos fuera del país, incluyendo participaciones en empresas como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Además, la aprobación del proyecto permitiría frenar mecanismos judiciales como el “discovery”, mediante los cuales se solicita información detallada sobre activos y cuentas en el exterior.
El Ejecutivo solicitó un tratamiento urgente de la iniciativa, ya que los acuerdos tienen como fecha límite el 30 de abril de 2026. De no aprobarse antes de ese plazo, podrían caerse y obligar a la Argentina a continuar los litigios en condiciones más desfavorables.
El conflicto involucra reclamos que, en conjunto, rondaban los 600 millones de dólares, aunque el monto final sería menor debido a ejecuciones previas de garantías vinculadas a los bonos Brady. La negociación también permitió suspender temporalmente otras medidas judiciales en curso en Estados Unidos.
Desde el oficialismo consideran que avanzar con una ley le da mayor solidez política y jurídica al acuerdo, reduciendo el margen de futuras impugnaciones. La estrategia se complementa con la defensa de otros casos abiertos, como el litigio por la expropiación de YPF.