La Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo detalles sobre las intervenciones en la Escuela N° 21 de Trelew y el caso «Ángel» de Comodoro Rivadavia, para transparentar la protección de derechos de menores.
La Legislatura del Chubut aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer en profundidad las acciones desplegadas ante graves hechos que afectaron a menores de edad en la provincia. La iniciativa se centra en la intervención estatal durante los sucesos reportados en la Escuela N° 21 de Trelew y el caso conocido como «Ángel» en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Los diputados Sergio González y Mariela Tamame fundamentaron el requerimiento en la necesidad de transparentar los procesos de protección integral de derechos. El texto aprobado por el cuerpo legislativo exige detalles precisos sobre los equipos técnicos intervinientes, las fechas de toma de conocimiento de los hechos y la evaluación inicial realizada por los profesionales en cada situación.
Uno de los ejes centrales de la resolución es el caso «Ángel» debido a la particular sensibilidad del contexto y la repercusión que tuvo en la zona sur. Durante la sesión ordinaria, la diputada Mariela Tamame señaló que existen situaciones que interpelan de una manera particular a las instituciones responsables de la seguridad de los niños. La legisladora del interbloque Chubut Unido remarcó que es una obligación indelegable del Estado asegurar el bienestar de las niñeces y manifestó su preocupación por la operatividad de los servicios locales.
Tamame sostuvo que el Servicio de Protección de Comodoro Rivadavia atravesó diversas intervenciones en el último tiempo y advirtió que el personal asignado no resulta suficiente para la demanda actual. «Queremos saber quiénes actuaron en este caso, cómo se hizo la vinculación entre la madre y el niño y muchas cosas más», expresó la diputada en el recinto. Según su visión, resulta fundamental analizar en qué puntos está fallando la red de contención institucional para evitar que este tipo de casos continúen ocurriendo.
El pedido de informes también indaga sobre la corresponsabilidad entre los ministerios de Educación, Seguridad y Salud junto al Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial. Los legisladores pretenden determinar qué organismo tuvo a cargo la coordinación del abordaje integral y si efectivamente se activaron dispositivos de intervención conjunta. Asimismo se solicitó información técnica sobre los protocolos de actuación que se encontraban vigentes al momento de los hechos y los plazos en los que fueron implementados.
Por último la resolución dedica un apartado extenso al programa MUNA que se desarrolla junto a UNICEF en los municipios de Trelew y Comodoro Rivadavia. La Cámara busca conocer los diagnósticos realizados en el territorio y los resultados verificables en materia de prevención y detección temprana de vulneraciones. El requerimiento intenta establecer si las herramientas de este programa internacional fueron aplicadas en los casos mencionados o si las capacitaciones a docentes y operadores del sistema no resultaron efectivas por falta de financiamiento o seguimiento.