Desde Río Mayo, una pareja reclama ante la Corte Suprema la cobertura integral de prestaciones médicas para dos de sus hijos con discapacidad, uno de ellos electrodependiente.
Una familia de Chubut denuncia que la obra social no cubre los tratamientos para sus hijos y llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa, iniciada por Luciana Zalazar y su pareja, vecinos de Río Mayo, podría sentar precedente para otras familias del país que enfrentan dificultades para acceder a prestaciones de alta complejidad en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.
“No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo sostener los cuidados y la estabilidad de nuestros hijos”, remarcó Luciana en una entrevista con LU20. La mujer explicó que en Río Mayo no cuentan con especialistas ni servicios suficientes para sostener tratamientos pediátricos complejos, por lo que cada control y terapia implica viajar cientos de kilómetros.
La familia inició un amparo judicial contra la obra social OSDEPYM para exigir la cobertura integral de las prestaciones médicas. Aunque algunos fallos anteriores reconocieron ciertas coberturas, decisiones posteriores redujeron parte de las prestaciones. Según Luciana, la Justicia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas ni tuvo en cuenta que la obra social no acreditó contar con cobertura real en Río Mayo.
“Fue un retroceso en derechos para nuestros hijos”, afirmó. Y remarcó que la interrupción o reducción de tratamientos impacta directamente en la calidad de vida de los chicos. “No es una situación que de la noche a la mañana vos podés sacar porque perjudicás claramente la calidad de vida de un niño”, sostuvo.
La situación económica también se volvió un desafío permanente para la familia. Luciana y su pareja trabajan desde su casa con un emprendimiento online de venta de blanquería, ya que las necesidades de cuidado de sus hijos les impiden desarrollar actividades fuera del hogar. “Si un derecho depende de tu economía, entonces no es un derecho, es un privilegio”, expresó.
Además de las dificultades cotidianas, la familia convive con la incertidumbre por la resolución de la Corte Suprema, donde el expediente lleva alrededor de un año. Luciana aseguró que el fallo será determinante para el futuro de sus hijos. “Ellos tienen necesidades complejas que uno como papá no puede costear. Creo que ese es el desafío que tiene hoy la Justicia: decidir si va a comprometer el futuro de nuestros hijos o si lo va a beneficiar”, manifestó.
La mujer también explicó que decidieron hacer pública su situación para visibilizar una problemática que atraviesan muchas otras familias con hijos discapacitados. “Hay muchas familias en silencio pasando la misma situación que nosotros. Queremos demostrar que se puede hablar”, concluyó.