La Municipalidad de Comodoro Rivadavia intimó a la empresa Grupo MR S.R.L. a presentar documentación que acredite la propiedad o derecho de uso de los colectivos en un plazo de diez días hábiles, como requisito para firmar el contrato del nuevo servicio de transporte público.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia se pronunció este viernes al mediodía para explicar la decisión de no firmar el contrato con la empresa Grupo MR S.R.L. para la prestación del nuevo servicio de transporte público de pasajeros. Desde el Ejecutivo local indicaron que la medida busca resguardar la legalidad del proceso y evitar futuros conflictos judiciales o administrativos.
Según informaron desde el Municipio, la firma adjudicataria fue intimada formalmente a presentar, en un plazo de diez días hábiles, la documentación requerida en el artículo 43 del pliego licitatorio, condición indispensable para concretar la firma del contrato. Entre las exigencias se encuentra la acreditación de los títulos de propiedad o los derechos de uso de las unidades que serán afectadas al servicio.
El Ejecutivo remarcó que se trata de una condición obligatoria y excluyente, prevista desde el inicio de la licitación y conocida por todas las empresas participantes. La controversia surgió luego de que, durante el encuentro previsto para la firma del contrato, la empresa no presentara la documentación en la forma requerida. Ante esa situación, el intendente resolvió no avanzar con la firma al considerar que hacerlo implicaría incumplir el pliego licitatorio.
Desde el Municipio aclararon que existe una diferencia entre informar que los colectivos fueron comprados y acreditar legalmente la titularidad o el derecho de uso de esas unidades. La empresa acercó documentación emitida por agencias y representantes comerciales donde se indicaba la disponibilidad de los vehículos, pero esos papeles no cumplen con las exigencias legales establecidas en la licitación.
Asimismo, el Ejecutivo rechazó las versiones sobre un supuesto cambio de reglas durante el proceso y afirmó que todas las condiciones estaban fijadas desde el comienzo y nunca fueron objetadas por las empresas oferentes. Pese al conflicto, el Municipio sostuvo que el objetivo continúa siendo garantizar la continuidad del proceso licitatorio y lograr que la ciudad cuente con un nuevo sistema de transporte. Por ese motivo, antes de avanzar con sanciones o medidas más severas, se decidió otorgar un plazo para que la firma regularice la situación.
“Tenemos la obligación de hacer cumplir las normas y resguardar los intereses de todos los vecinos”, señalaron desde el Ejecutivo municipal. Finalmente, advirtieron que si la empresa no cumple con la documentación exigida dentro del plazo establecido, el Municipio analizará las medidas administrativas y legales previstas en el pliego licitatorio.