El gobierno de Neuquén inició los controles toxicológicos aleatorios para funcionarios de alta jerarquía, con un plazo de 24 horas para presentarse y la negativa considerada como resultado positivo.
Neuquén puso en marcha los controles toxicológicos aleatorios a funcionarios públicos de mayor jerarquía del Estado, tras la publicación del Decreto 234/2026 firmado por el gobernador Rolando Figueroa. La medida reglamenta la Ley 3531 y establece un sistema de sorteos trimestrales para seleccionar al 12,5% del personal jerárquico, con el objetivo de evaluar a la totalidad del plantel a lo largo del año.
Los primeros sorteos se realizaron dentro del Poder Ejecutivo. Los funcionarios seleccionados recibieron una notificación formal y dispusieron de 24 horas para someterse a la toma de muestras en laboratorios autorizados. La normativa indica que la negativa injustificada o la no presentación en ese plazo se considera automáticamente un resultado positivo, lo que activa mecanismos de sanción y remoción.
Durante 2025, el gobernador y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se sometieron voluntariamente a análisis toxicológicos para impulsar la iniciativa. Ahora, el marco normativo establece el carácter obligatorio para ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos.
El protocolo de screening rápido se realiza mediante muestras de orina y busca metabolitos de cocaína, derivados cannábicos, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos sin prescripción médica. Ante un resultado preliminar positivo, el funcionario puede solicitar un test confirmatorio sobre una segunda muestra lacrada. Quienes estén bajo tratamientos farmacológicos deben presentar prescripción e historia clínica dentro de las 48 horas posteriores al examen.
El costo de los análisis es debitado directamente de los haberes del funcionario evaluado, sin absorción por parte del Estado. Para supervisar la transparencia del sistema, se creó la Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por un representante de salud laboral de cada uno de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.