La fiscalía imputó al jefe comunal por la compra de un teléfono celular de alta gama con fondos municipales. La investigación tiene un plazo de dos meses.
La situación judicial del intendente de Allen, Marcelo Román, se agravó este jueves. La fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti formalizaron los cargos en su contra por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y concurso ideal. La magistrada interviniente fijó un plazo de dos meses de investigación penal preparatoria, que vencerá el próximo 30 de agosto.
Según la imputación, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría autorizado la compra de un teléfono celular de alta gama con dinero del erario municipal. El equipo fue adquirido por $479.999 bajo la modalidad de servicio corporativo a nombre del municipio, con un costo total que ascendió a $596.812, incluyendo el abono mensual con Movistar Argentina.
El punto más grave de la acusación es que el dispositivo habría sido retirado de la órbita municipal y entregado a una persona que no formaba parte del Estado ni tenía vínculo contractual que justificara su uso. «Se quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservarse sobre el patrimonio público», argumentó la Fiscalía, que sostuvo que la maniobra generó un perjuicio económico directo a las arcas municipales.
Un segundo imputado con funciones que no le correspondían
La investigación no se limita al intendente. Un segundo imputado quedó vinculado a la causa como partícipe necesario: según Fiscalía, esta persona sabía que no era agente público, recibió y utilizó el teléfono oficial, y habría llegado incluso a impartir órdenes y directivas a empleados municipales, asumiendo funciones que no le correspondían.
Entre las evidencias presentadas hasta esta instancia se encuentran una denuncia penal del Tribunal de Cuentas municipal, la factura de compra del celular investigado, copias de los pagos a Movistar Argentina, informes de contaduría forense del Ministerio Público, documentación secuestrada en allanamientos en el municipio y más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Durante la audiencia, la defensa del intendente solicitó que no se formalizaran los cargos e intentó incorporar como partícipe a quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda, además de pedir la exclusión de parte de la prueba presentada por Fiscalía —incluyendo declaraciones testimoniales, documentación secuestrada y pericias sobre teléfonos celulares—. Sin embargo, la Justicia resolvió avanzar con la formulación de cargos y mantener abierta la investigación.