Efectivos policiales de Santa Cruz mantienen una medida de fuerza desde hace 23 días en reclamo de un aumento salarial. El referente Víctor Cortés afirmó que la protesta continuará pese a una denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado.
Policías de Santa Cruz cumplen 23 días de paro y sostienen el reclamo de un aumento salarial. Víctor Cortés, referente de los efectivos activos, declaró a SETA TV que la medida de fuerza continuará pese a la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado. Reclaman un sueldo de 2,2 millones de pesos para los ingresantes.
El conflicto salarial involucra a la Policía de Santa Cruz y al Servicio Penitenciario Provincial. A un mes del inicio del acampe frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos, los efectivos autoconvocados reafirmaron que continuarán con las medidas de fuerza. La Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra quienes permanecen en el lugar.
En diálogo con el programa «Buen Día Comodoro» de SETA TV, el suboficial escribiente Víctor Cortés, referente de los efectivos activos, aseguró que el reclamo se sostiene por la falta de respuestas del Gobierno provincial. «Acá estamos firmes y dignos, peleando por un salario digno para toda la familia policial, tanto para activos, pasivos como pensionados», expresó.
Según Cortés, el origen del reclamo se remonta al 8 de febrero, cuando los efectivos presentaron un petitorio para solicitar una recomposición salarial. Indicó que actualmente un agente ingresante percibe entre 800.000 y 900.000 pesos mensuales, mientras que un efectivo con aproximadamente un año de antigüedad ronda los 1.100.000 pesos. «Nunca fuimos escuchados por el Gobierno. Se dice que esto es político, pero no lo es. Venimos reclamando desde febrero», sostuvo.
El acampe frente a la Casa de Gobierno comenzó el 26 de mayo con la participación de policías retirados, quienes instalaron la denominada «Carpa de la Dignidad». Cortés señaló que el conflicto se extendió hacia otras ciudades de Santa Cruz y afirmó que el nivel de adhesión alcanza el 95% del personal. Como consecuencia, la fuerza trabaja bajo una modalidad de quita de colaboración, garantizando únicamente la atención de urgencias y emergencias.
La Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra quienes permanecen acampando dentro del predio de la Casa de Gobierno. Cortés rechazó las acusaciones y sostuvo que el ingreso al edificio fue pacífico. «La denuncia habla de un ingreso violento y eso no ocurrió. Se entró cuando abrieron la puerta. Hay videos que muestran claramente que no hubo violencia ni coacción», afirmó.
Consultado sobre si el conflicto había repercutido en la seguridad pública, el suboficial indicó que no existen indicadores que relacionen el reclamo con un incremento del delito. Los efectivos mantienen la protesta y aseguran que permanecerán frente a la Casa de Gobierno hasta obtener una respuesta del Ejecutivo provincial en el marco del Consejo del Salario.