La semana pasada ingresaron dos proyectos, de la oposición y del Ejecutivo, con el mismo objetivo: reasignar tierras para la zona franca y destrabar una inversión de 85 millones de dólares.
El Ejecutivo municipal presentó su propio proyecto de ordenanza para reasignar 55 hectáreas de Caleta Córdova a la ampliación de la Zona Franca, pocos días después de que la oposición impulsara una iniciativa con el mismo objetivo. Más allá de la disputa política por la autoría de la propuesta, la definición aparece como un paso clave para destrabar el proyecto de maricultura anunciado meses atrás, ya que la disponibilidad de esas tierras es una condición necesaria para su desarrollo.
El Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante su propio proyecto de ordenanza para reasignar unas 55 hectáreas al norte de Caleta Córdova destinadas a la ampliación de la Zona Franca, en una decisión que también reabre la discusión política sobre quién impulsa una iniciativa considerada estratégica para el desarrollo productivo de la ciudad.
La presentación se produjo apenas días después de que un bloque opositor ingresara una propuesta con el mismo objetivo, un movimiento que había sido confirmado la semana pasada por la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, quien aprovechó para criticar al oficialismo por la demora en el tema.
Más allá de esa disputa por la autoría política, la definición resulta clave porque la disponibilidad de esas tierras aparece como una condición necesaria para avanzar con el proyecto de maricultura que ADNSUR dio a conocer en abril y cuya concreción permanecía a la espera de que se resolviera el destino definitivo del sector.
En los fundamentos del expediente 1898-M-2026, el municipio sostiene que la ampliación de la Zona Franca permitirá crear un complejo orientado a actividades industriales, logísticas, científicas y tecnológicas vinculadas con los recursos marítimos, integrando la pesca y la acuicultura dentro de un mismo esquema de desarrollo.
LA MISMA TIERRA, CON DOS PROYECTOS
El proyecto oficial propone desafectar del dominio público municipal una fracción de aproximadamente 55 hectáreas ubicada al norte de Caleta Córdova e incorporarla al dominio privado para ceder su uso al Comité de Vigilancia de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia.
La iniciativa llega después de que la oposición impulsara una ordenanza de características similares, lo que abrió una discusión política sobre la conducción del proyecto y los tiempos para su tratamiento legislativo.
En ambos casos, el objetivo es reemplazar el predio originalmente asignado a la Zona Franca en 1995, que nunca pudo utilizarse porque actualmente se encuentra ocupado por la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. El expediente oficial sostiene además que el actual recinto franco resulta insuficiente para las necesidades de expansión del régimen.
LA RELACIÓN CON LA MARICULTURA
El aspecto más relevante del proyecto es que vincula de manera explícita la ampliación de la Zona Franca con el desarrollo de un polo pesquero y acuícola en Caleta Córdova.
Los fundamentos toman como respaldo técnico un estudio elaborado por el Centro de Innovación y Desarrollo Mar Austral, que identifica al sector como el ámbito más adecuado para conformar un clúster de pesca, acuicultura y productos marinos del Golfo San Jorge, articulado con la Zona Franca.
Esa definición coincide con el esquema presentado meses atrás para radicar un emprendimiento de maricultura en la zona, cuyo avance dependía justamente de contar con un marco jurídico para la utilización de esas tierras.
El Ejecutivo sostiene que el denominado «Polo Azul» no se limitará a un espacio de beneficios aduaneros, sino que buscará integrar producción, investigación, innovación tecnológica y agregado de valor sobre los recursos marinos, con participación de universidades, organismos científicos y empresas.
CONDICIONES PARA LA CESIÓN
A diferencia del proyecto opositor, la propuesta del Ejecutivo incorpora una serie de condiciones para la utilización del predio.
Entre ellas, establece que el Comité de Vigilancia deberá presentar en un plazo de 90 días un Plan Integral de Desarrollo e Inversiones con cronograma de obras, infraestructura, empleo e inversiones comprometidas. Además, al menos la mitad de la superficie deberá destinarse específicamente a actividades vinculadas con la pesca, la acuicultura, la economía azul y la bioeconomía.
La ordenanza también incorpora una cláusula de reversión que habilita al Municipio a recuperar las tierras si en un plazo de cinco años no se cumplen las inversiones y objetivos comprometidos.
El tema ahora debe ser tratado por el Concejo Deliberante y se supone que habrá coincidencias entre los bloques, considerando que hay un interés común, de oficialismo y oposición, en destrabar el tema. Tal vez por eso llamó la atención que en la sesión anterior, cuando el presidente del Concejo propuso tratar la iniciativa sobre tablas, no tuvo el consenso esperado.