A más de dos décadas de la reforma procesal penal, el Ministerio Público Fiscal del Chubut consolidó un área pionera en el país que traduce el lenguaje judicial y garantiza información clara, accesible y verificable para la sociedad.
En un escenario atravesado por la inmediatez informativa y la circulación constante de contenidos sin verificación, la comunicación judicial se posiciona como una herramienta central para garantizar transparencia. En Chubut, ese camino comenzó hace más de 20 años, con la implementación del sistema acusatorio en 2006, y hoy se consolida como un modelo de referencia a nivel nacional.
La reforma del sistema procesal penal marcó un punto de inflexión en el funcionamiento de la Justicia. Hasta entonces, los expedientes eran reservados y los procesos se desarrollaban lejos de la mirada pública. Con el nuevo esquema, los actos judiciales pasaron a ser abiertos, accesibles y sujetos al control ciudadano.
Sin embargo, ese avance trajo consigo un desafío clave: hacer comprensible la información. Resoluciones, imputaciones o sentencias están redactadas en un lenguaje técnico que, sin mediación, resulta inaccesible para gran parte de la sociedad. En ese contexto, la publicidad de los actos corría el riesgo de quedar reducida a una formalidad.
Para responder a esa necesidad, el Ministerio Público Fiscal del Chubut creó el Área de Comunicación Institucional, una de las primeras en su tipo en el país. Desde entonces, su función es clara: transformar cada actuación fiscal en información precisa, clara y oportuna para la ciudadanía.
Cobertura en toda la provincia
El área cuenta con comunicadores judiciales distribuidos en cada jurisdicción y en la Procuración General, lo que permite cubrir la totalidad del territorio provincial. De esta manera, cada causa de relevancia cuenta con una versión institucional accesible, independientemente del lugar donde se tramite.
Lejos del esquema tradicional de prensa institucional, el trabajo se concibe como un servicio público. La lógica es la misma que guía el accionar de los fiscales en las audiencias: garantizar transparencia, pero extendida al plano comunicacional.
En un contexto donde las interpretaciones parciales o tendenciosas pueden instalarse rápidamente, la comunicación institucional cumple un rol estratégico. Funciona como fuente de primera mano, ofreciendo la versión procesalmente correcta de los hechos antes de que el vacío informativo sea ocupado por la desinformación.
Reconocimiento y debate internacional
Esa mirada fue respaldada recientemente por el procurador general Jorge Luis Miquelarena, quien declaró de interés institucional el Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial, realizado el 25 y 26 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro reunió a magistrados, funcionarios, comunicadores y especialistas de distintos países, y puso sobre la mesa debates actuales como el uso de lenguaje claro, la inteligencia artificial aplicada a la comunicación institucional, los juicios paralelos y el rol del periodismo judicial.
Entre las conclusiones, hubo un consenso marcado: la comunicación judicial ya no es un complemento, sino una herramienta indispensable para sostener la transparencia y enfrentar la desinformación en un ecosistema informativo cada vez más complejo.
En Chubut, esa convicción no es nueva. Se construye desde hace más de dos décadas y hoy se consolida como parte estructural de la función fiscal. La comunicación judicial dejó de ser un agregado: es, definitivamente, parte del sistema de Justicia.