El gobernador Rolando Figueroa ingresó este lunes la iniciativa que modifica el artículo 1° de la Ley 263 para que las tierras fiscales solo puedan adjudicarse a personas o empresas argentinas.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó oficialmente el proyecto para reformar el Código de Tierras Fiscales de la provincia que establece que las tierras fiscales provinciales —las que pertenecen al Estado— solo podrán venderse o arrendarse a personas humanas o jurídicas argentinas.
El expediente plantea la modificación del artículo 1° de la Ley 263 y no se agota en la cláusula de nacionalidad. El texto condiciona la adjudicación a que el interesado tenga una vinculación efectiva con la provincia, cumpla requisitos verificables y se comprometa con objetivos de producción sostenible. Asimismo, orienta la entrega de suelo público hacia proyectos ganaderos, agrícolas, forestales, turísticos, industriales o de agregado de valor, con la mira puesta en el arraigo y la generación de empleo.
El artículo que se reforma declara la «función social» de la tierra fiscal y sostiene, como principio rector, que la tierra «no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo». Sobre esa base, la reforma incorpora la restricción por nacionalidad y suma como objetivo la prevención de lo que el Ejecutivo define como una «concentración indebida» de tierras.
Para sostener la potestad provincial, Figueroa apoya el proyecto en dos artículos de la Constitución Nacional. El 121 reconoce que las provincias conservan todas las competencias que no delegaron expresamente a la Nación; el 124 les garantiza el dominio originario sobre los recursos naturales de su territorio. Con ese respaldo, el gobernador plantea en los fundamentos que las tierras fiscales son un activo del patrimonio provincial destinado a políticas de desarrollo productivo y ordenamiento territorial, y no un recurso librado a la especulación.
El ingreso del proyecto ocurre a tres días de que el Senado debata, el 6 de agosto, la reforma nacional conocida como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca flexibilizar la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. En paralelo a la norma local, Figueroa le pidió a la senadora Julieta Corroza que impulse en el Congreso un límite cuantificable a esas ventas a nivel nacional.
De acá en más, el expediente 18501 deberá recorrer el circuito de comisiones antes de llegar al recinto, una instancia que todavía no tiene fecha.