El Gobierno de Santa Cruz retiró las ocho clausuras que pesaban sobre distintos sectores de Cerro Negro y Newmont retomará la actividad en forma gradual. El régimen que exige 90% de empleo local continúa como eje de discusión y la producción metalífera del país cayó 12,4% interanual en julio.
El Gobierno de Santa Cruz levantó las ocho clausuras que pesaban sobre distintos sectores de Cerro Negro, la principal mina de oro de la provincia, y Newmont confirmó que retomará gradualmente la actividad en el yacimiento. La novedad se conoció este martes por la tarde, después de una reunión entre el gobernador Claudio Vidal y directivos de la compañía, que presentó un plan de remediación para corregir las observaciones que habían frenado la operación.
El conflicto había escalado la semana pasada, cuando una inspección provincial derivó en la clausura preventiva de ocho sectores por incumplimientos vinculados con la seguridad, la higiene, la documentación y los vehículos que se utilizan dentro de la mina. La empresa respondió retirando personal del campamento y deteniendo las tareas, al sostener que las medidas le impedían contar con el abastecimiento de insumos básicos, como el camión de combustible y los equipos de apoyo.
El secretario de Trabajo santacruceño, Javier Aravena, confirmó que las clausuras se retiraron luego de que la firma presentara un plan de remediación. La compañía, por su parte, sostuvo que «un entorno operativo estable y predecible es fundamental para sostener la inversión de largo plazo, el empleo, las oportunidades económicas y los beneficios que la minería aporta a la provincia de Santa Cruz y a la Argentina».
La provincia concentró su mensaje posterior a la reunión en la creación de mesas de trabajo sobre seguridad, empleo y desarrollo local, y en el compromiso de la empresa con la contratación de trabajadores santacruceños. El punto central será el cumplimiento del régimen 90/10, que exige que el 90% de los puestos de trabajo sean ocupados por residentes de Santa Cruz.
Qué está en juego. Cerro Negro produce desde 2014 y en 2025 generó ingresos por unos US$691 millones, con una producción cercana a las 202.000 onzas de oro. En el yacimiento trabajan unas 1.200 personas, además de una red de contratistas y proveedores ligada a Perito Moreno y a otras localidades santacruceñas. Cada semana sin producción equivale a unas 3.900 onzas de oro y a cerca de US$13 millones de facturación bruta postergada, según las estimaciones que publicó Clarín durante el conflicto. La propia Secretaría de Minería provincial admitió que la paralización podía afectar la producción, las exportaciones y los ingresos que la provincia recibe por regalías.
El eje del empleo local sigue abierto. Las compañías vienen planteando que los reemplazos deben hacerse en forma gradual, sobre todo en los puestos que requieren experiencia técnica o cuya cobertura puede comprometer la seguridad dentro de la mina. La dificultad pesa más en las operaciones maduras: a medida que baja la ley del mineral hay que extraer y procesar más roca para obtener la misma cantidad de metal, lo que eleva los costos y exige inversiones permanentes.
El contexto no ayuda. Según el INDEC, en julio la extracción de oro y plata en concentrados retrocedió 9,9% interanual y la de bullón dorado o doré cayó 20,7%; en conjunto, la producción de minerales metalíferos bajó 12,4%. Las demoras para cubrir puestos, las capacitaciones y las interrupciones de la operación se suman a ese escenario.
En paralelo, la empresa tiene en marcha un plan de inversión de US$800 millones para ampliar la mina (Cerro Negro Expansión 1) y extender su vida útil más allá de 2035, además de una nueva etapa de explotación a cielo abierto que requeriría alrededor de un centenar de empleos adicionales. Esas definiciones dependen, justamente, de la previsibilidad que la compañía reclama para operar.
Por qué importa. La minería es una de las principales fuentes de divisas de Santa Cruz y el empleo minero es uno de los mejor pagos de la Patagonia. Cuando la actividad se frena, el impacto se siente en tres planos: los salarios de los trabajadores y de los contratistas, los ingresos provinciales por regalías y las exportaciones que aportan dólares al país. Y cuando la actividad se normaliza no se recupera lo que ya no se produjo: cada semana parada deja oro que quedó bajo tierra y facturación que no vuelve.
El episodio de Cerro Negro no es aislado. A fines de agosto, Vidal se reunió con los gremios AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP, que le reclamaron más contratación de trabajadores locales, y prometió profundizar los controles laborales, ambientales y de seguridad. La tensión entre las exigencias provinciales y las necesidades operativas de las empresas atraviesa hoy a buena parte de la minería patagónica.
Nota en base a Clarín, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.