El gremio pidió al Gobierno provincial que fije un límite máximo a las deducciones por créditos y cuotas que se aplican directamente sobre los haberes de los empleados públicos. La solicitud se basa en fallos de la justicia laboral que ordenaron acotar esas retenciones al 33% del sueldo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro reclamó al Gobierno provincial que establezca de manera urgente un tope a los descuentos por préstamos y créditos que se aplican sobre los salarios estatales. El pedido, difundido a través de un comunicado, apunta a los descuentos voluntarios que se retienen en forma automática por recibo de sueldo a favor de entidades financieras, mutuales y otras firmas crediticias.
Según el sindicato, la Justicia laboral rionegrina ya intervino en situaciones extremas, como la de una trabajadora cuyos descuentos representaron casi el 99% de su haber neto, por lo que terminó percibiendo $12.000. En otro expediente citado por el gremio, quedó acreditado un recibo con un saldo neto de $0 una vez aplicadas las cuotas de los créditos.
Consultado sobre el alcance del reclamo, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, sostuvo que «el salario tiene carácter alimentario y debe garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia». El dirigente recordó además que «la propia Justicia de Río Negro ha dispuesto, en distintos casos, limitar este tipo de deducciones al 33% de las remuneraciones, luego de los descuentos legales, para preservar una parte sustancial del ingreso».
En términos concretos, ese criterio implica que, una vez restados los descuentos obligatorios de ley, como los aportes jubilatorios y de obra social, las retenciones por deudas no pueden superar un tercio de lo que queda del sueldo, de modo que el trabajador conserve al menos dos tercios para sus gastos corrientes. Lo que busca el gremio es que ese límite, que hasta ahora surgió de resoluciones judiciales en casos puntuales, se convierta en una regla general fijada por el Ejecutivo para toda la planta estatal.
Desde la organización gremial plantearon que el Estado provincial no puede funcionar como un simple agente de cobro de entidades financieras, mutuales o crediticias y desentenderse de las consecuencias que esos descuentos generan sobre sus propios empleados. Por eso, el pedido formal es un tope máximo para los descuentos voluntarios derivados de préstamos, créditos y otras obligaciones, que garantice que ningún estatal quede sin los recursos indispensables para alimentación, vivienda, servicios, transporte y salud.
Sin cuestionar la obligación de saldar los compromisos asumidos, Vicente puso el foco en el rol del empleador público. «El Estado tiene una responsabilidad indelegable. No puede permitir que un trabajador cobre cero pesos porque todo su salario fue destinado al pago de préstamos. Las deudas deben pagarse, pero nunca a costa de dejar a una familia sin recursos para vivir», afirmó, y agregó: «Hay que ponerle un límite a los descuentos y también a los abusos financieros».
El comunicado no precisa si el reclamo fue formalizado por nota ante algún ministerio ni si será incorporado a la mesa de negociación salarial con el Ejecutivo, dos datos que definirán el recorrido del pedido en las próximas semanas. Tampoco detalla cuántos trabajadores de la administración pública rionegrina tienen hoy descuentos por créditos superiores al 33% de su salario neto.