El Comité Departamental de la UCR de Rawson emitió un comunicado en el que responsabiliza a la diputada Karina Otero por impulsar la designación de José Bahamonde como síndico de Petrominera Chubut Sociedad del Estado. Según el documento, el candidato no cumple con el requisito de título habilitante de abogado o contador público que exige la Ley I N.º 129.
El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Rawson emitió un comunicado en el que cuestiona la actuación de la diputada Karina Otero por haber impulsado el tratamiento del pliego de José Andrés Bahamonde como síndico de Petrominera Chubut Sociedad del Estado, aprobado en la Cámara de Diputados.
El documento partidario califica lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad institucional y sostiene que se violaron las normativas vigentes para la petrolera estatal. Los dirigentes recordaron que la Ley I N.º 129 exige remitirse a la legislación nacional de sociedades, marco que establece que para ejercer la sindicatura es obligatorio contar con título habilitante de abogado o contador público.
La polémica se centra en el currículum de Bahamonde presentado ante la Legislatura Provincial, en el que declara tener estudios primarios completos y secundarios incompletos. Desde el comité capitalino señalaron que el funcionario propuesto no reúne las condiciones profesionales exigidas y encuadraron la situación como el incumplimiento directo de un requisito legal.
Cuestionamientos éticos
El comunicado también hace referencia al doble rol de Otero dentro de la estructura partidaria, ya que preside la Honorable Convención Provincial. Los dirigentes le exigieron dar el ejemplo, cumplir y hacer cumplir la ley.
Asimismo, expusieron la contradicción que significa reclamar disciplina a otros afiliados mientras se impulsa una designación contraria a los requisitos legales básicos. Cuestionaron la utilidad de invocar los principios históricos y republicanos de la UCR si, al ejercer el poder, estos quedan subordinados a las decisiones del Gobierno Provincial.
Límites en la alianza
La postura del radicalismo capitalino también fijó un límite respecto al vínculo político con la administración de Ignacio Torres. Los dirigentes advirtieron que pertenecer a una alianza electoral no implica obediencia incondicional ni justifica relativizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
En el tramo final del comunicado, el comité le exigió a Otero que explique públicamente cuáles fueron los controles realizados sobre los antecedentes profesionales del candidato antes de llevar el pliego al recinto. La dirigencia cerró su descargo con un mensaje sobre la ética pública, señalando que la lealtad política no puede convertirse en genuflexión ante el poder.