El juez desestimó el pedido de la defensa de Miguel Battista tras la declaración de los menores en Cámara Gesell. La fiscalía argumenta que la prisión preventiva busca evitar el entorpecimiento de la investigación y aguarda pericias sobre la salud mental del imputado.
El juez a cargo de la causa que investiga la presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer y sus tres hijos en el barrio La Cascada rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Miguel Battista, un bioquímico de 71 años. La decisión se produjo luego de que los tres adolescentes declararan bajo el sistema de Cámara Gesell el último martes.
Tras escuchar los testimonios, el abogado defensor solicitó la libertad del imputado o, en su defecto, el arresto domiciliario. El magistrado desestimó el planteo y resolvió que Battista continúe en prisión preventiva bajo las condiciones originales fijadas hasta este viernes.
Fuentes de la investigación confirmaron que la detención inicial tuvo como objetivo interrumpir la dinámica de encierro y permitir la recolección de pruebas sin obstáculos. En ese marco, desde la fiscalía sostuvieron que la medida busca garantizar que «no haya entorpecimiento de la investigación».
En paralelo, los fiscales solicitaron al Cuerpo Médico Forense un análisis integral de los antecedentes clínicos y una pericia sobre la salud mental del acusado, que aún no se concretó. Según las fuentes, determinar la condición clínica del imputado es necesario para definir si la causa puede avanzar como un proceso penal. Hasta que se completen esos estudios, no se prevén cambios en el encuadre inicial por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad.
La Justicia también desplegó un operativo para reconstruir el historial económico y social de la familia. Se requirió información a entidades bancarias y organismos estatales, y equipos técnicos de la Procuración General comenzaron a peritar los dispositivos electrónicos secuestrados durante el allanamiento del 22 de octubre.
Ese día, efectivos policiales y médicos irrumpieron en el domicilio tras escuchar pedidos de auxilio y encontraron a la familia confinada en distintos sectores de la propiedad. Las autoridades mantienen un estricto resguardo de la identidad de los adolescentes, amparado en la Ley de Protección Integral, mientras se trabaja en la contención psicológica y la restitución de sus derechos.