El fiscal Lucas Papini solicitó que Félix Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta. La jueza Karina Breckle leerá su veredicto el miércoles de la semana próxima.
El fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Lucas Papini, solicitó que Félix Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, en carácter de autor. El pedido fue formulado durante los alegatos finales ante la jueza Karina Breckle.
La UFE-DAP sostuvo que entre 2019 y 2023 el dirigente giró $22.765.769,00 de la cuenta del gremio a cuentas propias y no rindió esos movimientos. Las dos querellas compartieron esa hipótesis. Según una estimación actualizada, el monto de las operaciones investigadas superaría los 400 millones de pesos a valores actuales.
El juicio oral comenzó el pasado 19 de octubre y se ventilaron los movimientos del patrimonio sindical de ATE Chubut entre agosto de 2019 y mayo de 2023.
El delito imputado es el de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal, que alcanza a quien tiene bajo su manejo y administración bienes ajenos y, en un accionar violatorio de sus deberes, procura para sí un lucro indebido, perjudicando el patrimonio ajeno. A diferencia de la estafa, no requiere engaño: lo que define el delito es la deslealtad de quien administra.
Según quedó acreditado en el debate oral, el dinero provenía de las cuotas que el Estado descontaba a los trabajadores y depositaba en la cuenta institucional del Banco del Chubut. De allí salieron $22.765.769 hacia cuentas personales del acusado. Esos fondos se destinaron, según la trazabilidad de la pericia contable, a pagos de tarjetas de crédito, compra de bienes muebles, una membresía deportiva, viajes al exterior y transferencias a sus hijos.
La fiscalía afirmó que, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, los ingresos legítimos del imputado fueron de $13.325.936, mientras que sus gastos alcanzaron $30.338.917. La diferencia, de $17.012.981, es coherente con los fondos del sindicato, sostuvo Papini. Además, se acreditó que Quiroga no percibía contraprestación o remuneración alguna por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado por sus funciones como secretario general, ya que gozaba de licencia gremial con haberes pagados por el Estado.
Quiroga no rindió cuentas. Desde 2019 no se realizó ningún congreso provincial para informar a los trabajadores el destino de su dinero, instancia que el estatuto exige cada año.
Testigos presentados por la defensa afirmaron que Guillermo Quiroga les pagaba 700 mil pesos mensuales cuando no cobraban sus sueldos como auxiliares de la educación. El fiscal Papini cuestionó la veracidad de esos testimonios y señaló que «en 2019, ni siquiera un ministro percibía un salario de esa magnitud». Además, sostuvo que la defensa no aportó pruebas capaces de refutar la hipótesis fiscal ni de desvirtuar los elementos reunidos durante la investigación.
Las dos querellas acompañaron la hipótesis fiscal. La UFE-DAP solicitó además que se impongan las costas del proceso.
Al cierre de los alegatos de las partes acusadoras, la denunciante Claudia Barrionuevo expresó sus declaraciones finales. «No todos los sindicalistas son iguales», afirmó, y pidió justicia.
Guillermo Quiroga dijo «ser inocente» en sus palabras finales.
La jueza Karina Breckle indicó que se tomará el plazo legal de 5 días hábiles y que el miércoles de la semana próxima, en horario a determinar por la Oficina Judicial de Rawson, leerá su veredicto en una nueva audiencia oral y pública.
«Cumplimos con nuestra carga probatoria. Quiroga no rindió cuentas ante ningún órgano del sindicato y tras la exhaustiva producción de la prueba testimonial, documental y pericial desarrollada en esta sala, podemos afirmar con absoluta certeza que aquella promesa inicial y cada una de las proposiciones fácticas enunciadas han sido probadas y cumplidas cabalmente en cada uno de sus extremos», señaló Papini. Finalmente solicitó que se declare penalmente responsable al imputado por el delito de defraudación por administración fraudulenta, más costas y gastos del proceso, y concluyó afirmando que «esa es la única forma de restaurar la confianza que todos los trabajadores del estado chubutense depositan en sus representantes sindicales».
El Ministerio Público Fiscal de Chubut dirige la investigación de los delitos y sostiene la acusación en los juicios, con fiscalías en toda la provincia y unidades especializadas como la UFE-DAP.