martes, 13 octubre, 2026
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Comodoro Rivadavia: fiscales advierten sobre la relación entre narcotráfico y armas ilegales

El fiscal Martín Cárcamo señaló que la combinación de drogas y armas de fuego en circuitos clandestinos incrementa los hechos violentos en la ciudad. En lo que va del año se registraron ocho homicidios.

El aumento de los hechos violentos en Comodoro Rivadavia motivó una advertencia por parte del sistema judicial. El fiscal Martín Cárcamo afirmó que la expansión del narcotráfico y la circulación ilegal de armas constituyen una combinación de alto riesgo que podría profundizar la crisis de seguridad en la ciudad.

La declaración se produjo tras la detención de Luis Damián Uribe, quien sobrevivió al ataque armado en el que falleció su pareja, Mariana Calfuquir. El procedimiento policial se realizó días atrás en la zona de avenida Kennedy y Patricios, donde efectivos interceptaron el vehículo en el que se desplazaba y hallaron una pistola calibre 9 milímetros oculta en el interior del rodado.

Según la investigación, el arma se encontraba lista para ser utilizada, con el cargador colocado y munición en la recámara. A partir de ese hallazgo se iniciaron actuaciones judiciales por tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que la Justicia Federal intervino por la presencia de estupefacientes encontrados durante el operativo. La causa derivó en el dictado de una prisión preventiva por cuatro meses para Uribe.

Cárcamo indicó que la proliferación de armas en circuitos clandestinos y el crecimiento del mercado de drogas representan los principales factores detrás de numerosos episodios delictivos. Señaló que ambos fenómenos están estrechamente relacionados y que, cuando convergen, generan un escenario propicio para el incremento de enfrentamientos armados, ataques violentos y homicidios.

Durante los últimos meses, Comodoro Rivadavia fue escenario de balaceras, intentos de asesinato y crímenes consumados en distintos sectores. A ello se sumó recientemente el fallecimiento de un hombre que permanecía internado tras haber sido baleado en abril en el barrio San Cayetano, hecho que elevó las estadísticas de homicidios de este año.

Otro aspecto que el Ministerio Público Fiscal observa es la creciente desconfianza de algunos sectores de la sociedad hacia las instituciones judiciales. Cárcamo sostuvo que en numerosas investigaciones se observa una tendencia a resolver conflictos mediante represalias personales, evitando la intervención de la Justicia. Indicó que no son pocos los casos en los que víctimas o testigos optan por no denunciar delitos o se niegan a colaborar con las pesquisas.

Consultado sobre la posibilidad de que Comodoro presente características similares a las que precedieron el crecimiento del crimen organizado en Rosario, el fiscal evitó realizar afirmaciones concluyentes, aunque reconoció que existen señales que merecen atención. Sostuvo que si no se implementan políticas integrales, la ciudad podría comenzar a reproducir procesos que años atrás parecían exclusivos de otros grandes centros urbanos afectados por el narcotráfico.

En relación con el proyecto impulsado por el Gobierno del Chubut para que la Justicia provincial intervenga en investigaciones sobre venta minorista de drogas, Cárcamo consideró que la medida podría contribuir a agilizar las investigaciones de menor escala y permitir que la Justicia Federal concentre mayores recursos en organizaciones criminales más complejas. Aclaró que el éxito de la iniciativa dependerá de la disponibilidad de recursos, personal especializado y una coordinación efectiva entre los distintos organismos judiciales.

El fiscal también hizo referencia al incremento de personas que evalúan adquirir armas como mecanismo de protección frente a la inseguridad. Remarcó que una parte importante del armamento que circula en la ciudad proviene de mercados clandestinos, situación que aparece reiteradamente en expedientes vinculados a delitos violentos.

Para la Fiscalía, la combinación entre narcotráfico, acceso ilegal a armas de fuego, conflictos resueltos fuera de los canales institucionales y una creciente pérdida de confianza en el sistema judicial conforma un escenario complejo que requiere respuestas urgentes.

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