La primera audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo de Chubut finalizó sin acuerdos. La empresa solo envió un abogado que presentó un escrito y se retiró. Los 39 trabajadores despedidos continúan sin ser reincorporados.
Puerto Madryn – La primera audiencia de conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Chubut en el conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) finalizó este miércoles sin avances. La reunión se realizó en Puerto Madryn.
La conciliación obligatoria había sido dispuesta por un plazo de 15 días tras los despidos con causa de 39 empleados, a quienes la empresa responsabiliza por incidentes ocurridos durante una protesta el 15 de julio en la planta del Parque Industrial Pesquero.
Según informó Canal 12, en representación de Conarpesa solo asistió un abogado, quien presentó un escrito y se retiró sin participar de la negociación. En el documento, firmado por Luis Novoa, la firma sostuvo que «la sociedad Conarpesa no tiene ningún tipo de conflicto con su personal». Los trabajadores despedidos pertenecen formalmente a Agropez, empresa del mismo grupo económico, aunque desempeñan sus tareas en la planta de Conarpesa en Puerto Madryn.
El secretario general del STIA, Luis Núñez, declaró que la conciliación obligatoria implica retrotraer el conflicto al estado previo a los despidos. «Al retrotraerse la medida, esos trabajadores tendrían que haber sido incorporados. Hoy están en la calle», afirmó.
Núñez también rechazó la versión empresarial sobre los hechos ocurridos durante la protesta. «Hay grabaciones donde no hubo agresiones ni roturas de nada. La empresa va a tener que probar lo que sostiene», expresó.
El dirigente explicó que los despedidos son trabajadores efectivos discontinuos, algunos con hasta 17 años de antigüedad, que debían ser convocados al inicio de la temporada pesquera. Según el sindicato, el reclamo original alcanzaba a 85 empleados. «Nosotros vamos a seguir reclamando que se cumpla la ley y los acuerdos firmados», afirmó.
Conarpesa mantiene su decisión de sostener las cesantías. La empresa amplió la denuncia penal iniciada por la ocupación de sus oficinas administrativas y presentó nuevas pruebas ante el Ministerio Público Fiscal, entre ellas filmaciones del episodio, una nómina de los trabajadores desvinculados y el ofrecimiento de testimonios de personal jerárquico y administrativo.