La norma fija un tope del 25% para las deducciones sobre haberes públicos y previsionales, establece límites al costo financiero de los créditos y crea un programa de refinanciación de deudas para familias con ingresos inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La Legislatura del Chubut aprobó este jueves la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Provincial que establece un nuevo sistema de protección para trabajadores públicos, jubilados y pensionados, y crea un Programa de Alivio Financiero destinado a personas en situación de vulnerabilidad financiera.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se refirió a la aprobación de la ley. “Dimos un paso fundamental para terminar con un sistema que durante años permitió que algunas entidades hicieran un negocio con la necesidad de los trabajadores. A partir de esta ley vamos a tener reglas claras, límites concretos y herramientas para proteger el salario de los chubutenses”, expresó.
El mandatario recordó que la presentación de la iniciativa estuvo precedida por la decisión del Gobierno Provincial de dar de baja los códigos de descuento utilizados para debitar automáticamente de los haberes préstamos otorgados por distintas entidades. La medida fue adoptada luego de detectar operaciones que alcanzaban tasas efectivas anuales superiores al 340%.
“Cuando tomamos la decisión dijimos que íbamos a dar esta discusión y avanzar con una ley que estableciera límites específicos sobre cuánto del sueldo se puede comprometer y bajo qué condiciones se puede prestar. Hoy esa ley fue aprobada y estamos cumpliendo con ese compromiso: proteger los ingresos de los trabajadores y evitar que vuelvan a quedar atrapados en una espiral de endeudamiento”, sostuvo el Gobernador.
Protección de los haberes
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa establece que la totalidad de las deducciones alcanzadas por el régimen no podrá superar el 25% de la remuneración bruta del agente público o del haber previsional bruto del jubilado o pensionado.
Además, luego de practicarse los descuentos, el ingreso neto resultante no podrá ser inferior al equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, mientras que las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier deducción.
La ley dispone también que cada descuento deberá contar con la autorización previa, expresa e individual del trabajador, jubilado o pensionado, y crea un Registro de Entidades Habilitadas para aquellas organizaciones que pretendan operar mediante este sistema.
Las entidades deberán informar previamente el monto otorgado, la tasa de interés, el costo financiero total, la cantidad y valor de las cuotas y cualquier otro concepto que forme parte del crédito.
Límites al costo de los créditos
La normativa establece, asimismo, un límite máximo al Costo Financiero Total de los préstamos otorgados por entidades inscriptas en el Registro y cancelados mediante códigos de descuento. Ese costo no podrá superar en cinco puntos porcentuales la tasa informada mensualmente por el Banco del Chubut para sus préstamos personales.
El límite comprenderá la totalidad de intereses, cargos, comisiones, seguros y otros conceptos que integren el costo de la operación. Si una entidad incumple las condiciones establecidas, los descuentos correspondientes a esa operación no podrán ser practicados.
Programa de Alivio Financiero
La ley crea además el Programa de Alivio Financiero para facilitar la cancelación o refinanciación de deudas originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales otorgados por entidades financieras.
Podrán acceder quienes tengan domicilio en Chubut, cumplan las condiciones de situación crediticia establecidas por la normativa y cuenten con ingresos mensuales del grupo familiar inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Los créditos otorgados dentro del programa tendrán una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, aunque las entidades adheridas podrán ofrecer tasas inferiores o plazos mayores.
De esta manera, la norma aprobada este jueves establece un nuevo esquema para regular las deducciones sobre los haberes y suma herramientas destinadas a facilitar la regularización de deudas, reducir la carga financiera de los hogares y proteger los ingresos de trabajadores, jubilados y pensionados de la provincia.