A 30 días del asesinato de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia, el abogado de la familia paterna anunció denuncias contra funcionarios del sistema de protección de la niñez por presuntas irregularidades.
A 30 días del asesinato de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que murió el pasado 5 de abril en Comodoro Rivadavia, la causa judicial avanza contra los principales imputados y también abre un nuevo frente contra funcionarios del sistema de protección de la niñez. El abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna, confirmó la presentación de denuncias contra un juez, una defensora de menores y dos psicólogas por presuntas irregularidades y omisiones que, según sostiene, fueron determinantes en el desenlace fatal.
El caso mantiene con prisión preventiva por seis meses a la madre biológica del menor, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González. La autopsia preliminar reveló múltiples golpes como causa del fallecimiento. En diálogo con el programa “Buen Día Comodoro” de SETA TV, Castillo confirmó que este lunes acompañaría a Luis -padre del niño- y a Lorena -madre de crianza- a prestar declaración testimonial, ya que hasta el momento no habían sido convocados formalmente.
“Nos parece que su testimonio es de lo más valioso, porque fueron las personas más cercanas a Ángel. Pueden dar cuenta de su realidad, de su entorno y de lo que él expresaba”, señaló el letrado. Además, explicó que se avanzaría con presentaciones judiciales paralelas para investigar posibles responsabilidades en el fuero de familia.
Castillo cuestionó el accionar del juez de familia por no realizar una escucha activa del menor, conforme a la Convención de los Derechos del Niño. También criticó que se haya dispuesto el cambio de guarda con base en el dictamen de la defensora de menores, sin un análisis integral de la situación, y que se dictara una prohibición de acercamiento que aisló a Ángel de su entorno de contención.
“Mariela se revinculó solo dos veces; hay un informe de un psicólogo que advirtió que esta mujer ponía sus intereses por encima de los del menor y que el niño no la reconocía como madre. El juez Pérez inicialmente actuó bien, pero después cambiaron de criterio y lo desarraigaron. La justicia tiene que hacer una profunda reflexión”, remarcó.
La querella cuenta con pruebas que contradicen la hipótesis inicial de la fiscalía. Según Castillo, existen elementos que demostrarían que la madre también ejercía violencia directa. Mencionó una denuncia de 2023 donde el padre presentó una toalla con sangre tras un episodio de agresión, y antecedentes de violencia hacia otro hijo de la mujer.
El abogado adelantó la existencia de grabaciones realizadas por el padre, donde se evidenciarían pedidos de ayuda a profesionales que no habrían actuado.