La Libertad Avanza consiguió los votos para sancionar la Ley de Propiedad Privada, pero debió eliminar dos capítulos clave: el referido a la Ley de Tierras Rurales y el de la Ley de Manejo del Fuego. La votación final fue de 37 votos a favor y 33 en contra.
El Senado de la Nación aprobó la Ley de Propiedad Privada en la noche del jueves, tras intensas negociaciones del oficialismo con los bloques aliados. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, logró reunir los votos necesarios, pero con dos modificaciones sustanciales respecto del texto original: se eliminó el capítulo sobre extranjerización de tierras y también los artículos que buscaban modificar la Ley de Manejo del Fuego.
La votación final contó con 37 votos a favor y 33 en contra. El oficialismo había decidido retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales el día anterior, ante la resistencia de varios gobernadores y senadores dialoguistas. Durante el debate en el recinto, el oficialismo volvió a encontrar dificultades para reunir los votos y terminó retirando también los artículos sobre la Ley de Manejo del Fuego.
Los votos
La iniciativa fue respaldada por los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve radicales, tres del PRO y legisladores provinciales. Entre los que acompañaron se encontraron los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la chubutense Edith Terenzi. En el caso del capítulo referido a los desalojos, el oficialismo y sus aliados reunieron 36 votos, ya que Terenzi decidió abstenerse.
El proyecto fue rechazado por 24 senadores del interbloque justicialista, tres de Convicción Federal y legisladores de distintos bloques provinciales.
El capítulo que quedó afuera
El punto que finalmente no se trató fue el referido a la Ley de Manejo del Fuego. El oficialismo pretendía flexibilizar las restricciones que establece la normativa vigente sobre los terrenos afectados por incendios. La ley sancionada en 2020 establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años, mientras que para las tierras agropecuarias fija un plazo de 30 años.
El Gobierno cuestiona esas restricciones porque considera que pueden perjudicar a los propietarios de los terrenos incendiados. Sin embargo, varios senadores que habitualmente acompañan iniciativas oficiales rechazaron modificar este régimen. Entre ellos estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes de Misiones.
Qué cambia con los desalojos
Uno de los principales objetivos del proyecto es acelerar los procesos judiciales vinculados con ocupaciones ilegales de inmuebles. El oficialismo propone que los desalojos tramiten mediante una vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario actual. Según sus impulsores, esto permitiría reducir los tiempos judiciales y evitar que los propietarios queden durante largos períodos sin poder disponer de sus bienes.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa y sostuvo que busca garantizar el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Desde el peronismo, en cambio, cuestionaron el proyecto. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lo calificó como «un asco» y aseguró que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones son inconstitucionales. El senador Daniel Bensusán también criticó el tratamiento parlamentario y afirmó que los legisladores recibieron el nuevo dictamen apenas una hora antes de comenzar la sesión.
Los cruces durante el debate
El debate estuvo atravesado por críticas cruzadas. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa y sostuvo que busca evitar las usurpaciones y proteger a quienes son propietarios de inmuebles. Desde la oposición, la senadora rionegrina Ana Marks cuestionó especialmente el régimen de desalojos y sostuvo que acelerar las expulsiones no constituye una respuesta frente a la crisis habitacional.
El radical Maximiliano Abad, por su parte, marcó diferencias con parte del discurso oficialista y sostuvo que para atraer inversiones no alcanza con flexibilizar leyes, sino que también son necesarias estabilidad, instituciones sólidas y una política exterior coherente.
Así, el oficialismo consiguió dar un paso adelante con su proyecto, pero debió recortar dos capítulos importantes del texto original para construir la mayoría necesaria en el Senado. La iniciativa continuará su recorrido legislativo con una versión más acotada que la propuesta inicialmente por el Gobierno.