La Cámara de Diputados sancionó este jueves la ley que establece un Sistema de Protección y Facilidades para residentes en situación de vulnerabilidad económica y financiera. La iniciativa oficialista apunta a refinanciar deudas de consumo y actualizar el esquema de deducciones sobre los sueldos de la administración pública. La oposición acompañó la medida y advirtió que la raíz del problema es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
La Cámara de Diputados sancionó este jueves la ley que establece un Sistema de Protección y Facilidades para residentes en situación de vulnerabilidad económica y financiera. La iniciativa oficialista apunta a refinanciar deudas de consumo y actualizar el histórico esquema de deducciones sobre los sueldos de la administración pública.
El legislador Luis Juncos fue el encargado de desglosar los alcances de la normativa en el recinto. En su intervención aclaró que el Estado provincial no asumirá a su costo los pasivos privados, sino que intervendrá para brindar una herramienta concreta ante el incremento de la morosidad registrado a nivel nacional. Sobre este punto remarcó que el objetivo central es otorgarle a los vecinos la posibilidad de ordenar, cancelar o renegociar sus compromisos bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado actual.
Requisitos y beneficios impositivos
Para acceder a este programa de saneamiento, los beneficiarios deberán contar con domicilio en Chubut y registrar deudas originadas exclusivamente por tarjetas de crédito o préstamos personales. Además deberán estar calificados en situación 1, 2 o 3 dentro de la central de deudores del Banco Central y cumplir con un límite de ingresos estipulado para el grupo familiar. El Banco del Chubut será el actor principal ofreciendo líneas especiales para este fin, mientras que el texto legal deja la puerta abierta para que otras entidades crediticias se sumen al sistema.
Para incentivar la participación del sector privado, la provincia otorgará una exención del cincuenta por ciento en el pago de Ingresos Brutos sobre los intereses que generen exclusivamente las operaciones acordadas bajo este esquema. La adhesión obligará a los bancos y proveedores no financieros a informar de manera transparente cada uno de los créditos otorgados. Por otra parte, la norma introdujo modificaciones al régimen de deducción voluntaria de haberes para los empleados públicos, reemplazando la antigua ley en la materia para establecer nuevas reglas de juego en los códigos de descuento.
Críticas por el ajuste y la caída salarial
A pesar del acompañamiento mayoritario a la herramienta financiera, los bloques opositores aprovecharon el debate para exponer la crisis estructural que empuja a los vecinos a endeudarse. Emanuel Coliñir graficó la postura de su sector al definir el proyecto como un vaso medio lleno, ya que si bien aporta un alivio indispensable para regularizar situaciones urgentes, no resuelve el problema de fondo de los trabajadores estatales. El diputado advirtió que muchas familias no logran cubrir la canasta básica y terminan cayendo en instrumentos usureros simplemente para financiar sus alimentos.
En una sintonía similar se expresó Juan Aquino. El legislador enmarcó el nivel de endeudamiento de los hogares como una consecuencia directa de las políticas económicas nacionales y locales. Cuestionó con dureza lo que definió como un ajuste brutal que pulverizó los sueldos y alertó que resultará imposible encontrar una salida definitiva si no se atiende la precarización de la clase trabajadora. Para cerrar su intervención, Aquino apuntó contra el Ejecutivo señalando una supuesta tendencia de la gestión a otorgar alivio fiscal a los grandes capitales bajo el pretexto de asistir a los sectores más vulnerables de la provincia.